El mundo enfrenta una "policrisis" caracterizada por desafíos interconectados en un contexto de bajo crecimiento, alta incertidumbre y fragilidad sistémica. La crisis climática, la exclusión social, la reciente pandemia de COVID-19 y la persistencia de la pobreza constituyen algunos de los retos más urgentes que enfrentamos como sociedad, exigiendo respuestas cada vez más audaces y coordinadas. En este escenario, y ante factores como la presión migratoria, la creciente demanda habitacional y la insuficiente provisión de bienes, servicios e infraestructura básica, la urbanización adquiere un papel decisivo.
En América Latina, más del 81% de la población vive en ciudades, superando ampliamente el promedio mundial que alcanzará el 68% a 2050 (UN DESA, 2018). Los centros urbanos son el destino deseable donde las mayorías aspiran vivir. No son solo polos de atracción que "facilitan la colaboración, el intercambio de ideas y la innovación social, cultural y tecnológica" (Glaeser, 2011), sino que, en contextos como el Sur global, representan un extraordinario atajo hacia la movilidad social. No hay que olvidar que las personas migran del campo a las ciudades, no solo en busca de un techo, sino de oportunidades para ampliar sus capacidades, elegir y desarrollar el tipo de vida que consideran valioso.
Si bien las aglomeraciones ofrecen grandes beneficios, también conllevan externalidades negativas: congestión, contaminación, deterioro ambiental y especulación del suelo, entre otras. El desafío es claro: ¿cómo mitigar estos efectos y potenciar los beneficios de la vida urbana? Las ciudades no solo son parte del problema, sino también fuente natural de soluciones (ONU-Hábitat, 2017), pues son vehículos efectivos para alcanzar el bienestar y el desarrollo. Para avanzar hacia una sociedad más próspera y equitativa, se requiere establecer un nuevo contrato social que fomente la construcción colectiva de entornos justos, inclusivos y resilientes, capaces de responder a los desafíos actuales, pero además a los futuros, adaptándonos con el entorno natural y el hábitat de otras especies.
Antecedentes de Bogotá: sobre el crecimiento y la importancia de un nuevo paradigma
Al igual que Buenos Aires, São Paulo o Ciudad de México, Bogotá experimentó un vertiginoso crecimiento en la segunda mitad del siglo XX: pasó de 1,6 millones de habitantes en los años 60 a más de 4,9 millones a principios de los 90 (DANE, 2005). Este proceso generó una fuerte presión social, económica y ambiental, visible en la llamada "crisis urbana latinoamericana" de los años 80. Con la Constitución de 1991, Colombia fortaleció la gestión urbana al promover el ordenamiento territorial y la función social y ecológica de la propiedad. En este marco, Bogotá adoptó en el 2000 su primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en conjunto con instrumentos de financiamiento urbano y gestión de inmuebles para su implementación conforme a la Ley 388 de 1997, y lo actualizó recientemente con el Decreto Distrital 555 de 2021 "Bogotá Reverdece 2022-2035".
Durante la última década, la ciudad ha mantenido un ritmo de ocupación de suelo menor al promedio latinoamericano -10% frente a 13%-. Pese a avances en mecanismos innovadores de planeación y gestión, la expansión de la huella urbana ha transformado zonas agrícolas y de reserva en suelo urbanizado, desbordando la periferia. En la actualidad, la ciudad-región de Bogotá alberga cerca de 11 millones de habitantes, el 22% de la población nacional. Además, genera una cuarta parte del PIB del país, consolidándose como el principal motor económico nacional y haciendo indispensable una gestión territorial estratégica y prioritaria. Sin embargo, la capital enfrenta un nuevo escenario demográfico: la población comienza a disminuir por la combinación de mayor esperanza de vida, bajas tasas de fecundidad y migración hacia municipios cercanos. Estos cambios suponen replantear el paradigma de crecimiento urbano y diseñar respuestas acordes a los desafíos de sostenibilidad, equidad y competitividad.
Vista de borde Bogotá, 2025
El modelo expansivo de ciudad ha generado altos costos de transporte, pérdida de productividad, exclusión socioespacial, deterioro ambiental y déficit en servicios básicos y espacio público. La aproximación de la "contención" del crecimiento de Bogotá y otras urbes ha conllevado a desequilibrios territoriales y limitaciones en su desarrollo. Esta realidad se refleja en tres dimensiones: (i) la ciudad planificada resultado de operaciones inmobiliarias formales, (ii) la ciudad informal de los bordes, donde la demanda de suelo supera la oferta, y (ii) la ciudad huérfana, zonas donde el operador urbano difícilmente llega.
A este crecimiento, Bogotá ha respondido dinámicamente a través de dos vías planificadas y bien gestionadas:
- Instrumentos de planificación y gestión intermedia: gestionadas por operadores urbano-públicos y privados, se apoyan en instrumentos de planeación, gestión y financiación como Planes Parciales (PP) para la expansión, renovación y consolidación de grandes sectores, Actuaciones Estratégicas (AE) cuyo fin es detonar procesos de transformación en piezas urbanas clave, y Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) que aprovechan la infraestructura de transporte masivo. El POT vigente proyecta renovar 7.000 hectáreas en 20 años. Sin embargo, entre 2004 y 2021 apenas se intervinieron 16 de las 3.300 hectáreas (Renobo, 2024), evidenciando obstáculos estructurales, como demoras en los procesos, dificultades de concertación entre actores e incertidumbre normativa.
- Del Mejoramiento Integral de viviendas y barrios a los PIMI: Bajo el liderazgo de la SDHT y la CVP, se busca cerrar brechas en barrios de origen informal transformándolos en espacios inclusivos y dignos, mediante la legalización, la dotación de servicios e infraestructura, y la mejora habitacional y ambiental. El nuevo POT establece 7.445 hectáreas para este fin, 191 hectáreas susceptibles de legalización y la meta de intervenir el 100% de barrios deficitarios por debajo del promedio de la ciudad. No obstante, los procesos de ocupación ilegal o informal crecieron 34,5% entre 2015 y 2024, pasando de 19.640 a 29.965 predios, lo que plantea enormes retos para la gestión.
La revitalización como vía complementaria de la gestión urbana tiene el potencial de impulsar grandes transformaciones y proyectos, al tiempo, favorece la contención y aumenta la oferta de vivienda en las zonas centrales. En general, existe consenso en que los programas de revitalización urbana se traducen en precios más altos de la tierra y la propiedad, reducciones en las tasas de criminalidad, aumento en el número de ventas, permisos de construcción, y mejoras en el perfil educativo de los residentes en áreas intervenidas (De la Roca et al., 2017). La revitalización no solo transforma áreas centrales deterioradas y/o abandonadas, sino que también aprovecha áreas de oportunidad servidas por sistemas de transporte masivo, en clave con el desarrollo urbano orientado al transporte (DUOT). Experiencias de procesos de revitalización en zonas centrales vinculados principalmente a corredores de transporte® han evidenciado el impacto positivo en precios de suelo y la propiedad (Ibid.). El objetivo es convertir las zonas aferentes a los planes parciales relacionados con los sistemas de transporte en zonas que sean motores de inclusión, equidad y sostenibilidad, optimizando la infraestructura existente y reduciendo la presión sobre la estructura ecológica.
Bogotá cuenta con una institucionalidad robusta y herramientas técnicas avanzadas para proyectos de gran escala y mejoramiento barrial. El desafío es articular una visión compartida para la ciudad ya existente, desde la escala barrial hasta la metropolitana, que supere la dicotomía entre "contención y la expansión". La apuesta es una gestión urbana integral que suma la revitalización a los modelos de gestión ya maduros en Bogotá, donde la regeneración de lo existente y la adicionalidad de esfuerzos públicos, privados y comunitarios constituyan el eje de un hábitat más equitativo, sostenible y resiliente. Los esfuerzos en esta nueva vía se centran en mejorar las zonas centrales de la ciudad —reduciendo las vulnerabilidades ambientales y climáti-cas, sociales y económicas, y del hábitat y la vivienda—, para que las personas se desarrollen plenamente.
