Hay una paradoja que define la vida de miles de familias bogotanas: en una ciudad que crece, que construye y que genera empleo, conseguir casa propia ha sido una labor ardua y en muchos casos frustrante para aquellas familias con menores ingresos, mucho más cuando esas familias están en cabeza de una mujer, son víctimas del conflicto o no cuentan con una vida crediticia lo suficientemente sólida.
El rápido crecimiento del valor del suelo, las altas tasas de los créditos de vivienda y la poca oferta en el mercado se convirtieron en barreras adicionales para que miles de bogotanos pudiesen acceder a una vivienda propia. Eso lo demuestra el déficit habitacional que mide el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que para finales de 2023 ubicó el déficit en Bogotá en 336.000 viviendas.
Muchas de esas familias llegaron a 2024 con una dificultad adicional, el congelamiento y suspensión por parte del gobierno nacional de Mi Casa Ya, la política pública de vivienda del país que no solo generó mayor incertidumbre, sino que les cayó como un baldado de agua fría al dejarlos con sus ahorros acumulados, los créditos en trámite y su proyecto de vida en veremos.
Fue en ese contexto que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán lanzó Mi Casa en Bogotá. Lo que nació como complemento al programa nacional se convirtió, por necesidad, en el principal instrumento distrital para sostener el acceso a vivienda de interés social en la ciudad. El análisis que hoy publica Camacol Bogotá y Cundinamarca, con base en datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, permiten hacer un balance riguroso de lo que ese esfuerzo ha significado.
Con corte a abril de 2026, el programa ha asignado 26.891 subsidios de vivienda nueva a través de cuatro programas diseñados para las diferentes necesidades de estas familias: Oferta Preferente, Reduce Tu Cuota, Reactiva Tu Compra y Ahorro para Mi Casa. En conjunto, se han comprometido más de 463 mil millones de pesos, distribuidos entre hogares que de otra manera no habrían podido completar el pago de su vivienda. Para entender la escala, conviene hacer el ejercicio: 26.891 familias es, aproximadamente, la población de un municipio como La Dorada, Caldas o el doble de habitantes de La Vega y Villeta en Cundinamarca, juntos. Y el programa aún no ha terminado: la meta del cuatrienio es 63.000 subsidios, lo que significa que se ha alcanzado cerca del 43 % del objetivo total con dos años de gobierno por delante.
Elaboración propia. Fuente: DANE.
A quiénes está llegando, y por qué eso importa
La pregunta más relevante para evaluar cualquier política social no es cuánto se gasta, sino a quién llega. En este caso, el análisis de Camacol es contundente: el 76,7 % de los hogares beneficiarios tiene ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales, es decir, familias que viven con menos de 3,5 millones de pesos al mes. Ese es el segmento que históricamente ha quedado por fuera del mercado formal de vivienda, y es precisamente ahí donde el programa está concentrando sus recursos.
En cuanto a la edad, el 75,5 % de los beneficiarios tiene entre 18 y 39 años. Se trata de personas que están comprando su primera vivienda, construyendo por primera vez un patrimonio propio. Ese detalle no es menor: acceder a vivienda propia a los 28 o 30 años no es solo resolver un problema de techo. Es un punto de inflexión en la trayectoria de una persona. La propiedad reduce la vulnerabilidad frente a desalojos y alzas de arriendo, estabiliza el presupuesto familiar y genera un activo que se puede heredar, usar como garantía o simplemente habitar con la certeza de que nadie puede quitarlo.
Hay un tercer dato que merece atención especial: el 64,4 % de los subsidios fue asignado a mujeres jefas de hogar, casi el doble que los hombres. Esa proporción no es accidental. Tener vivienda propia reduce dependencia económica y amplía opciones en situaciones de vulnerabilidad. Numerosos estudios han documentado la relación entre tenencia segura de vivienda y reducción de violencias basadas en género: una mujer que tiene vivienda propia tiene más capacidad de reducir la posibilidad de sufrir violencias basadas en género, porque no depende económicamente del agresor para tener dónde vivir, por ejemplo. El patrimonio, en ese sentido, no es solo un bien material; es también una forma de autonomía que abre puertas en la vida social, laboral y familiar.
Una ciudad que también mejora
Los subsidios no se distribuyen uniformemente por la ciudad. El análisis geográfico revela que las cinco localidades con mayor recepción de hogares beneficiarios son Bosa, Fontibón, Usme, Suba y San Cristóbal, que corresponden a las zonas con mayor oferta de vivienda VIS y VIP disponible. Pero más allá de dónde se ubican los proyectos, importa la calidad del entorno en el que se insertan las familias. Para medirlo, se utilizó el Índice de Revitalización Urbana, un indicador que evalúa el estado del entorno construido: acceso a servicios, infraestructura, conectividad, y el resultado es significativo: el IRU promedio de los proyectos con beneficiarios del programa pasó de 0,41 en 2022 a 0,46 en 2025, una mejora del 13 % en tres años. Las familias no solo están comprando vivienda; están accediendo a entornos urbanos que mejoran progresivamente, gracias al trabajo articulado de las diferentes entidades de la ciudad.
Eso lleva a la pregunta más difícil: ¿puede considerarse esto un hito en la historia de la vivienda en Bogotá? La respuesta no puede darse por decreto, pero sí puede construirse desde la evidencia. El déficit habitacional como lo muestra el cuadro presentado en este texto muestra, según el DANE, una reducción del 41 % en el periodo en el que entró en ejecución Mi Casa En Bogotá, demostrando que el plan de vivienda tiene un rol protagónico en la mejora de este importante indicador.
Bogotá ha tenido, a lo largo de su historia, distintos instrumentos de política habitacional. Sin embargo, la combinación de escala, velocidad y focalización que exhibe Mi Casa en Bogotá en menos de dos años de gobierno es poco frecuente en la historia distrital reciente. Superar los 26.000 subsidios con más del 76 % dirigidos a hogares de bajos ingresos, una participación femenina que casi duplica la masculina y una mejora sostenida en la calidad urbana de los entornos donde se instalan las familias no se logra por inercia burocrática. Requiere decisión política, diseño técnico y capacidad de ejecución simultánea.
La vivienda no es solo un techo. Es el lugar desde el cual las personas construyen rutinas, crían hijos y proyectan futuros. Una ciudad que no garantiza acceso razonable a la vivienda para sus habitantes de menores ingresos no solo genera pobreza: genera exclusión estructural que se reproduce de generación en generación. Mi Casa en Bogotá ha demostrado que es posible actuar con eficacia en el corto plazo, llegar a quienes más lo necesitan y hacerlo con evidencia que lo respalde. Eso es, precisamente, lo que debería esperarse de una ciudad que aspira a ser más justa.
(Fuente: Perspectiva Económica Camacol B&C, PE008, mayo 2026. Datos con corte a abril 30 de 2026.)
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