Autora: Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat
En 2025, desde la Secretaría Distrital del Hábitat avanzamos en un reto central para Bogotá: consolidar los servicios públicos como una política estructural de equidad social. No se trata únicamente de garantizar coberturas o ejecutar recursos, sino de liderar, con rigor técnico y visión política, un modelo de ciudad en el que el acceso al agua, la energía y los servicios básicos no dependan del lugar donde se vive ni de la condición socioeconómica de los hogares. Los avances alcanzados este año confirman que es posible cerrar brechas históricas cuando el Estado actúa de manera articulada, estratégica, con enfoque territorial y un liderazgo decidido, como el del alcalde, Carlos Fernando Galán.
Servicios públicos en lo urbano: equidad, transición energética y gobernanza
En el ámbito urbano, uno de los hitos más relevantes de la gestión de nuestra Subsecretaría de Planeación y Política fue el lanzamiento del primer programa de Comunidades Energéticas de nuestra ciudad, una apuesta decidida por una transición energética justa e inclusiva. Desde la Secretaría lideramos, junto al Grupo de Energía de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, la estructuración y gestión de esta iniciativa, que permitirá la instalación de sistemas de generación solar fotovoltaica en los Centros de Felicidad de El Tunal y San Cristóbal, con una capacidad de hasta un megavatio por centro. La energía producida será redistribuida a cerca de 2.000 hogares con déficit energético de estratos 1 y 2, generando alivios de hasta el 60 % en el valor de sus facturas y beneficiando a más de 6.500 personas.
Este proyecto, financiado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos con una inversión superior a los $15.000 millones, demuestra que la innovación pública es viable cuando existe articulación institucional con el sector privado y una clara orientación social. Más allá de la tecnología, las comunidades energéticas representan una nueva forma de entender el acceso a la energía como un bien colectivo y solidario.
De manera complementaria, en 2025 fortalecimos la gobernanza de los servicios públicos mediante la estructuración del Memorando de Entendimiento entre la Secretaría Distrital del Hábitat, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ENEL y Vanti. Este acuerdo constituye un avance estratégico para abordar de forma integral la informalidad en el acceso a los servicios públicos en asentamientos humanos de origen informal, reconociendo la complejidad social, técnica y jurídica de estos territorios.
Desde la Secretaría asumimos un rol articulador, impulsando diagnósticos conjuntos, estrategias pedagógicas, evaluación de soluciones alternativas y planes coordinados que permitan garantizar la satisfacción de necesidades básicas sin promover riesgos, ilegalidad o exclusión. Este memorando consolida una visión de ciudad que protege los derechos de las personas, fortalece la sostenibilidad de los prestadores y promueve una actuación pública coherente y responsable.
En materia de equidad urbana, el Mínimo Vital de Agua Potable continuó siendo una política redistributiva fundamental. Durante 2025 reconocimos más de $48.000 millones para garantizar 6 metros cúbicos mensuales de agua a hogares de los estratos 1 y 2, asegurando condiciones mínimas de salubridad y saneamiento. A esto se sumó la gestión de más de $221.000 millones en subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, beneficiando a usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y garantizando la continuidad de servicios esenciales en toda la ciudad.
Servicios públicos en la ruralidad: agua, energía y dignidad territorial
La ruralidad bogotana fue una prioridad clara de nuestra gestión. En 2025 entregamos dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable a acueductos comunitarios de Ciudad Bolívar y Sumapaz, beneficiando a 590 familias rurales. Estas plantas incorporan procesos avanzados de tratamiento que permiten enfrentar la alta turbiedad y carga orgánica de las fuentes hídricas, reducir las afectaciones durante las temporadas de lluvia y garantizar agua más limpia y segura para el consumo humano.
Adicionalmente, dejamos estructuradas inversiones para 2026 que permitirán instalar cuatro nuevas plantas, beneficiar a más de 1.400 familias adicionales y fortalecer técnicamente a 17 acueductos comunitarios mediante sistemas de medición y control de caudales. Este trabajo reconoce y valora a los acueductos comunitarios como actores fundamentales de la gestión del agua en la ruralidad y reafirma el compromiso del Distrito con su sostenibilidad a largo plazo.
En el mismo sentido, avanzamos en soluciones energéticas alternativas mediante la implementación de un proyecto piloto de biodigestores en la localidad de Sumapaz, en alianza con TGI S.A. ESP. Esta iniciativa beneficia inicialmente a 18 familias rurales, permitiendo la producción de biogás y fertilizantes orgánicos a partir de residuos, reduciendo el uso de leña y mejorando las condiciones de habitabilidad, seguridad energética y calidad de vida en territorios donde no es posible el acceso a redes convencionales.
Los resultados de 2025 confirman que los servicios públicos son una herramienta poderosa de justicia territorial. Desde la Secretaría Distrital del Hábitat seguiremos liderando, con solidez técnica y compromiso político, una ciudad que reconoce en el agua, la energía y los servicios básicos un derecho y no un privilegio, y que avanza de manera decidida hacia una Bogotá más equitativa, sostenible e incluyente.
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